EMPRESARIOS QUE SE REUNIERON PARA DESESTABILIZAR AL GOBIERNO DE CRISTINA
DIFUNDIR POR FAVOR
DIFUNDIR POR FAVOR
El
Informe de la CNV, la complicidad civil con la dictadura y el actual
plan de desestabilización del Gobierno de Cristina Fernández.
Conrado Yasenza.
La nota de nuestra colega Alejandra Dandán, publicada el domingo 24 de Marzo en Página 12, "La trama financiera de la última dictadura" deja en claro, sin lugar a dudas ya, que la última dictadura fue Cívico-Militar. Hacia 1978, y habiendo secuestrado-detenido y desaparecido a militantes revolucionarios, militantes de base, trabajadores, delegados gremiales y todo aquel que fuera sospechado de "actividad subversiva", los grupos de tareas que se encontraban operativamente conformados y ociosos, emprendieron el secuestro, extorsión y, en algunos casos, desaparición, de empresarios y financistas (que en muchos casos compartían espacios de poder y negocios). Y para ello recurrieron el ejecutivo, tomado por los genocidas que dieron el golpe en el 76, y por la Comisión Nacional de Valores, que, por ejemplo, aportó peritos que se instalaron durante meses en, y este es uno de los casos, Campo de Mayo, para intervenir en los interrogatorios de los secuestrados. El día domingo Página 12 adelantó, a través de la nota de Dandán, un informe actual de la CNV que da detalles de cómo se llevó a cabo la segunda etapa de la represión: La que se centró en el espacio de poder del empresariado y los financistas - que como explica la nota, eran, oportunamente, socios. Un caso testigo es el de Fernando Combal (Finasur) y los represores Sanchez Reisse y el "Japonés" Luis Albero Martínez, ambos pertenecientes al Batallón 601. La CNV fue intervenida el 24 de Marzo de 1976. Juan Alfredo Etchebarne, abogado, miembro del Grupo Azcuénaga y amigo personal de Martínez de Hoz, fue designado por el ex-Ministro de Economía de la dictadura como presidente de la CNV el 10 de junio de 1976. Explica Dandán en su nota:
“El secuestro a empresarios y financistas implicó una dinámica represiva en algún punto particular y diferenciada respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas y sociales, entre otras”, indica el Informe. “En un primer lugar, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la ‘subversión’ en dos sentidos”:
1) Una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”.
2) Otra parte buscó operatorias empresariales que supuestamente “atentaran contra la economía argentina”. Esta idea también se lee como “causa” o “excusa” de una dinámica que incluyó “iniciativas privadas”
Hoy en el programa radial "A cara lavada", emisión matutina que conduce Cynthia García por Radio Nacional, el periodista Ari Lijalad, en una excelente investigación, puso al aire una entrevista a Alejandro Iaccarino, dueño entre otras empresas de Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa - secuestrado simultáneamente junto a sus dos hermanos el 4 de Noviembre de 1976 - quien denunció que en este último tiempo, sectores empresariales se reunieron en el Alvear Palace Hotel para definir un plan de acciones desestabilizadoras del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la implementación de sus 12 métodos clásicos utilizados para desestabilizar diferentes gobiernos y promover Golpes de Estado. Entre ellos: generar corridas cambiarias a través del alza del dólar ilegal, iniciar acciones de debilitamiento de fábricas y empresas mediante reducción y despido de trabajadores arguyendo el incremento de costos como producto de la inflación, que es otro de los factores que utilizan (la inflación y su efectos sobre el salario de los sectores más vulnerables) debido a su gran capacidad de formar precios. Queda así evidenciada la complicidad civil - digámoslo como corresponde: Fueron quienes diseñaron los golpes - con la dictadura, pero además, y gracias a la denuncia de Iaccarino, queda expresamente clara la participación de estos sectores empresarios en el proceso de desestabilización al que asistimos en estas últimas semanas, grupos y sectores del empresariado que ven en el Gobierno Nacional una amenaza seria, y aún más debido al emblemático juicio que se lleva adelante contra Pedro Blaquier, señor feudal y partícipe de los secuestros y asesinatos en el Ingenio Ledesma.
Conrado Yasenza.
La nota de nuestra colega Alejandra Dandán, publicada el domingo 24 de Marzo en Página 12, "La trama financiera de la última dictadura" deja en claro, sin lugar a dudas ya, que la última dictadura fue Cívico-Militar. Hacia 1978, y habiendo secuestrado-detenido y desaparecido a militantes revolucionarios, militantes de base, trabajadores, delegados gremiales y todo aquel que fuera sospechado de "actividad subversiva", los grupos de tareas que se encontraban operativamente conformados y ociosos, emprendieron el secuestro, extorsión y, en algunos casos, desaparición, de empresarios y financistas (que en muchos casos compartían espacios de poder y negocios). Y para ello recurrieron el ejecutivo, tomado por los genocidas que dieron el golpe en el 76, y por la Comisión Nacional de Valores, que, por ejemplo, aportó peritos que se instalaron durante meses en, y este es uno de los casos, Campo de Mayo, para intervenir en los interrogatorios de los secuestrados. El día domingo Página 12 adelantó, a través de la nota de Dandán, un informe actual de la CNV que da detalles de cómo se llevó a cabo la segunda etapa de la represión: La que se centró en el espacio de poder del empresariado y los financistas - que como explica la nota, eran, oportunamente, socios. Un caso testigo es el de Fernando Combal (Finasur) y los represores Sanchez Reisse y el "Japonés" Luis Albero Martínez, ambos pertenecientes al Batallón 601. La CNV fue intervenida el 24 de Marzo de 1976. Juan Alfredo Etchebarne, abogado, miembro del Grupo Azcuénaga y amigo personal de Martínez de Hoz, fue designado por el ex-Ministro de Economía de la dictadura como presidente de la CNV el 10 de junio de 1976. Explica Dandán en su nota:
“El secuestro a empresarios y financistas implicó una dinámica represiva en algún punto particular y diferenciada respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas y sociales, entre otras”, indica el Informe. “En un primer lugar, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la ‘subversión’ en dos sentidos”:
1) Una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”.
2) Otra parte buscó operatorias empresariales que supuestamente “atentaran contra la economía argentina”. Esta idea también se lee como “causa” o “excusa” de una dinámica que incluyó “iniciativas privadas”
Hoy en el programa radial "A cara lavada", emisión matutina que conduce Cynthia García por Radio Nacional, el periodista Ari Lijalad, en una excelente investigación, puso al aire una entrevista a Alejandro Iaccarino, dueño entre otras empresas de Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa - secuestrado simultáneamente junto a sus dos hermanos el 4 de Noviembre de 1976 - quien denunció que en este último tiempo, sectores empresariales se reunieron en el Alvear Palace Hotel para definir un plan de acciones desestabilizadoras del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la implementación de sus 12 métodos clásicos utilizados para desestabilizar diferentes gobiernos y promover Golpes de Estado. Entre ellos: generar corridas cambiarias a través del alza del dólar ilegal, iniciar acciones de debilitamiento de fábricas y empresas mediante reducción y despido de trabajadores arguyendo el incremento de costos como producto de la inflación, que es otro de los factores que utilizan (la inflación y su efectos sobre el salario de los sectores más vulnerables) debido a su gran capacidad de formar precios. Queda así evidenciada la complicidad civil - digámoslo como corresponde: Fueron quienes diseñaron los golpes - con la dictadura, pero además, y gracias a la denuncia de Iaccarino, queda expresamente clara la participación de estos sectores empresarios en el proceso de desestabilización al que asistimos en estas últimas semanas, grupos y sectores del empresariado que ven en el Gobierno Nacional una amenaza seria, y aún más debido al emblemático juicio que se lleva adelante contra Pedro Blaquier, señor feudal y partícipe de los secuestros y asesinatos en el Ingenio Ledesma.
